Fernández también destacó que cuando llegó al poder denunció la existencia de más de 100 celulares encriptados proporcionados por la AFI, involucrando a autoridades nacionales, poderes judiciales y socios políticos y económicos del oficialista Cambiemos.
El actual mandatario aseguró que los dispositivos eran propiedad de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el fiscal de la provincia Julio Conte Grand, el expresidente del club de fútbol Boca Juniors Daniel Angelici, el exministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari, el empresario Nicolás Caputo y el exfiscal general Martín Ocampo.
Según el peronista, se preguntó cuál era el propósito de estos teléfonos encriptados y qué secretos guardaban los empleados y empresarios.
Para el jefe de Estado argentino, estas preguntas necesitan una respuesta, porque “la utilización de los servicios de inteligencia del estado de derecho para realizar espionaje interno y promover procesos penales es definitivamente repugnante y por lo tanto inadmisible”.
Ante los hechos de un método de persecución supuestamente ilegal, el Presidente indicó que el Poder Judicial debe investigar inmediatamente al ex gobierno.
El gobierno de Macri también está pendiente de otra demanda por espionaje ilegal a familiares de los marineros del submarino ARA San Juan, hundido en 2017. En este caso, la demanda indica que las familias de los soldados muertos fueron interceptadas y otras operaciones de escuchas telefónicas durante el período del informe. Las autoridades están investigando el caso.
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