Graciela Caamaño, diputada de la provincia de Buenos Aires y miembro del Consejo de la Magistratura de Argentina, presentó el viernes pasado una denuncia contra la supuesta “producción de información ilegal sobre periodistas, académicos, organizaciones sociales y partidos políticos” y hablará el lunes. presentado a la corte.
Entre los documentos encontrados en una caja fuerte de la Dirección de Eventos Especiales de la AFI se encuentran los archivos de 403 periodistas, 28 académicos y 59 más en tres sobres etiquetados como “2017”, “periodistas del G20” y “Varios”.
Según la denuncia, el Ministerio de Seguridad del gobierno de Macri cuenta con lineamientos para la acreditación de periodistas para las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20, las cuales fueron autorizadas por un juez en 2017 y respectivamente.
Los periodistas fueron marcados con un “semáforo ideológico” que muestra elementos aparentemente más cercanos a la línea de Macri en verde, otros en amarillo y los más críticos en rojo. Esta clasificación incluye a periodistas de agencias internacionales, periódicos, cadenas de televisión nacionales e internacionales, según los archivos a los que tuvo acceso EFE.
Según la denuncia, la recopilación y clasificación de información, incluidos “enlaces a medios de comunicación, preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatías por grupos feministas o contenido político y / o cultural”, se realizó “sin revisión u orden judicial” en una obra llevado a cabo.
Graciela Caamaño solicitó ser escuchada por los agentes involucrados en esta operación, así como por el exdirector general de AFI Gustavo Arribas, la exdirectora general adjunta Silvia Majdalani y el ex presidente Maurício Macri, “en su calidad de responsable de definir la estrategia lineamientos y objetivos generales de la política nacional de información ”, revelaron fuentes de la agencia de noticias.
Este caso exacerba aún más la controversia en torno a la presidencia de Macri después de que un fiscal acusó en mayo al ex presidente y director general de AFI Gustavo Arribas, entre otros ex empleados, de presunto espionaje ilegal durante su mandato.
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