La Cancillería de Ecuador dijo que se inició un operativo policial para tratar de detener a Duarte, quien ocupó la cartera de obras públicas entre 2015 y 2017 durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
“Tan pronto como se conoció el hecho, la Policía Nacional activó los protocolos de búsqueda y captura de la señora Duarte, quien fue condenada por actos de corrupción”, agregó el ministerio en un comunicado.
El comunicado señala que fue el homólogo argentino, Santiago Cafiero, quien alertó a Ecuador sobre la fuga de Duarte “sin conocimiento del personal de la embajada, que mantuvo al prófugo bajo su jurisdicción ante la justicia ecuatoriana”.
Ecuador “presentó una vehemente denuncia ante Argentina y solicitó el traslado de la información”, dijo el ministerio, que se comprometió a que “tomará las medidas más adecuadas ante este incidente”.
El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció el 1 de diciembre la decisión de otorgar asilo a Duarte, quien se encuentra refugiada en la embajada argentina en Quito con su hijo menor de edad desde el 12 de diciembre de 2020.
Sin embargo, el gobierno del conservador presidente ecuatoriano Guillermo Lasso se negó a otorgarle a Duarte el salvoconducto que le habría permitido salir de Ecuador e ir a Bélgica sin encarcelamiento.
El bufete de abogados belga, que defiende al expresidente Rafael Correa, quien también está condenado por corrupción, dijo que el gobierno de Lasso habría violado el derecho internacional al negarle a Duarte un pase de seguridad a Argentina.
El estudio de abogados belga Ius Cogens, que también lidera la defensa de varios empleados de Correa acusados de corrupción, defendió que “la Argentina tenía el derecho y el deber de otorgar asilo a María de los Ángeles Duarte”, quien fue condenada en 2020 a ocho años de prisión .
Correa, quien se encuentra refugiado en Bélgica desde 2017, país que ha rechazado una solicitud de extradición de Ecuador, tiene estrechos vínculos con la actual presidenta y vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
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