El eje del flúor: la contaminación corporativa en Argentina

orgullo argentino

Aluar significa “aluminio argentino” y tiene su origen en una época anterior del país. Fue fundado en 1971 cuando Argentina se sentía como una potencia mundial antes de que la dictadura de 1976 desindustrializara el país. Hoy, Aluar produce casi medio millón de toneladas de aluminio al año, el 70% del cual se exporta, y emplea a más de 2.000 personas de forma directa (y varios miles más de forma indirecta). Tiene una facturación anual promedio de más de $ 1 mil millones.

La familia Madanes Quintanilla, propietaria también de la central hidroeléctrica Futaleufú y de la fábrica de neumáticos Fate, posee el 72% de Aluar. Los periodistas Tomás Lukin y Santiago O’Donnell informaron en el libro Argenpapers que los Madanes tenían “fideicomisos y sociedades offshore en Islas Cook, Bahamas, Islas Vírgenes y Panamá con conexiones a cuentas en Suiza”. Según Forbes, el patrimonio neto de Madanes es de al menos $ 1.4 mil millones. Eso es alrededor de $500 millones más que el presupuesto de 2022 del gobierno provincial de Chubut, que es responsable de controlar la empresa.

Durante los últimos meses, he escrito a quince diferentes ejecutivos y empleados de Aluar:

Estoy escribiendo un artículo sobre la posible exposición al fluoruro de Aluar. Vi en el sitio web de la empresa que hacen vigilancia aérea , pero no pude acceder a los números de vigilancia aérea. El motivo de contactarlo tiene que ver con una solicitud de acceso a los datos y, de ser posible, una entrevista con usted u otro representante de la empresa que pueda brindar información y posición de la empresa al respecto.

Nur María Elena Lizurume, Coordinadora Senior de Relaciones Comunitarias e hija de ex gobernador José Luis Lizurume respondió:

Dado su interés en aclarar el tema, puedo informar y confirmar que Aluar no causa ninguna contaminación por fluoruro. Al respecto, les informo que Aluar cumple debidamente con la normativa de control ambiental vigente en materia de vigilancia aérea y reporta a las respectivas autoridades locales (Secretaría de Ecología y Protección Ambiental del Municipio de Puerto Madryn), provinciales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Chubut) y autoridades nacionales (Red Federal de Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación) donde se disponga de información relevante. Sin más preámbulos, los saludo cordialmente.

Cuando presionamos para fechas específicas, el personal de la empresa no respondió a más correos electrónicos.

desinformación oficial

El subsecretario de Control y Reconstrucción del Ministerio del Ambiente de la Nación, Jorge Etcharrán, dice que los gobiernos provinciales y locales tienen la responsabilidad de garantizar que la empresa no genere contaminación.

Pero, ¿es normal que la empresa mida su propio impacto ambiental y que los datos no sean públicos?

“Por lo general, la empresa tiene que proporcionar sus propios informes, aunque los gobiernos tienen el derecho, y hasta cierto punto la obligación, de revisarlos”, dice Etcharrán.

No tienen la información que la empresa dice estar proporcionando, y los gobiernos provinciales y locales no están respondiendo. ¿Las autoridades nacionales no pueden obligarlos a proporcionar información?

“Solo para darte una idea, durante la pandemia tuve que recolectar información de desechos patológicos por teléfono porque la información no fluía. Hay dos limitaciones: por un lado, es un país federal con responsabilidades claramente definidas, y por otro lado, el problema ambiental es relativamente nuevo; Los gobiernos provinciales y locales no están acostumbrados a informar y controlar, aunque esto ha mejorado en los últimos cinco años con la aprobación de regulaciones nacionales e internacionales como el Acuerdo de Escazú y también porque las consecuencias ecológicas son cada vez más visibles”, dice Etcharran.

¿Entonces no puedes actuar por iniciativa propia en el caso de Aluar?

“Correcto. Nosotros actuamos cuando hay un conflicto entre jurisdicciones o cuando hay una denuncia. Y en este caso nadie reportó nada al Ministerio del Ambiente de la Nación”.

Para Raúl Montenegro, este tipo de gobernanza es “primitiva y algo ruidosa” y tiene relación con el hecho de que “en América Latina en general, pero en Argentina en particular, hay una regla general, y es que el gobierno delega implícitamente en asuntos ambientales a las protestas y resistencias de la administración social. Los estudios epidemiológicos serios, por ejemplo, solo se llevan a cabo debido a esta presión. Supongamos que en el caso de Aluar, bajo una fuerte presión pública, de repente hubiera una evaluación independiente de la morbilidad relacionada con los factores de riesgo”.

Según Montenegro, si se hiciera un estudio tan serio, el gobierno tendría que escanear las muestras biológicas y ambientales, pero aun así “hay un riesgo evidente en este caso, y ese riesgo no debería estar ahí”.

Los datos son el problema

Julio, 40 años, siempre quiso trabajar en Madryn. Un día vino de vacaciones y aprovechó para enviar su CV. Trabajó en Aluar durante dos años en las áreas de calidad y control ambiental. Según su denuncia, fue despedido por cuestionar la manipulación de los datos de impacto ambiental recopilados por la empresa. “No importa cuánto me paguen, no podría hacerme el tonto”.

¿Cómo se contaminan con flúor?

“De todo el proceso de electrólisis para producir aluminio con todo lo que se le agrega como B. fluorita, el principal desecho es el fluoruro”, explica Julio. “Antes los tanques donde se hacía eso no tenían ni tapa, la gente que trabajaba allí tenía 50 años y parecía de 80: calor infernal, electromagnetismo. Luego ponen las tapas pero todavía hay descontrol”.

Marcio Lizana

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