El presidente Jair Bolsonaro envió al Congreso Nacional la ley que regula el servicio de practicaje del país. El razonamiento es crear condiciones para la regulación económica de esta actividad, que consiste en ayudar a los capitanes de barcos a navegar en aguas restringidas donde existen condiciones que afectan la seguridad de los barcos, especialmente en puertos, estuarios y vías navegables.
En un comunicado, la Secretaría General del Presidium de la República señala que “con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema, la Ley N° 9.537/1998 permite la regulación económica de la actividad mediante la fijación de precios sólo cuando existe la posibilidad de interrupción en la prestación del servicio”. El Secretario General califica la actividad como “esencial” por su vínculo con la entrega y flujo de productos en el país.
“Sucede que los armadores que están obligados a contratar el servicio de practicaje no son libres de elegir al profesional que prestará el servicio, actuando en un horario de rotación, como pretende la Norma de la Autoridad Marítima (Norman) No. 12”, explica el la defensa señala que el servicio se presta “de forma proactiva” para evitar cobros abusivos por parte de la regulación empresarial.
“Por lo tanto, el proyecto de ley tiene como objetivo contribuir al desarrollo del transporte fluvial, especialmente el cabotaje, con efectos positivos en la competitividad de la economía brasileña”, agrega la nota, presentando como referencia experiencias internacionales de servicios de practicaje en países como Estados Unidos. Unidos, Argentina, Holanda, Suecia, Italia, Noruega, Grecia, Alemania, Francia y Dinamarca.
El proyecto prevé que la regulación económica del servicio estará a cargo de la Agencia Nacional de Transporte Acuático (Antaq), manteniendo la responsabilidad de la Autoridad Marítima para la regulación técnica.
El proyecto también contempla la posibilidad de que los pilotos ofrezcan servicios a través de empresas.
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