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Un tribunal de Londres rechazó la apelación de Argentina contra un fallo que acusaba al país de pagar 1.500 millones de dólares a cuatro fondos de cobertura que compraron sus títulos vinculados al PIB. Este fue un duro golpe para el gobierno del presidente libertario Javier Milei, que se encontraba en problemas financieros.
En 2013, Argentina cambió la forma en que calcula el PIB, lo que, según dijo, significaba que no tendría que pagar intereses sobre los títulos denominados en euros emitidos entre 2005 y 2010 como parte de una reestructuración de la deuda y que el crecimiento del PIB estaba vinculado.
Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que poseen alrededor del 48 por ciento de los valores y, como muchos bonos de mercados emergentes, se rigen por la ley inglesa, presentaron una demanda contra Argentina en 2019 buscando una compensación por sus pérdidas y el tribunal falló en el año 2023 a su favor.
La economía argentina se encuentra en una grave crisis económica, la inflación es casi del 300 por ciento, las reservas de divisas son peligrosamente bajas y miles de millones de euros en pagos a acreedores extranjeros están amenazados. Los abogados del país habían argumentado que pagar a los fondos de cobertura afectaría la capacidad del país para pagar sus otras deudas y “causaría daño al pueblo argentino”.
Buenos Aires ha enfrentado una serie de desafíos legales por parte de ex inversionistas, incluidos varios relacionados con el gobierno de 2007-2015 de la presidenta izquierdista Cristina Fernández de Kirchner. El año pasado, un tribunal de Nueva York dictaminó que Argentina debía pagar 16 mil millones de dólares a dos ex accionistas de la compañía energética estatal YPF, que fue renacionalizada en 2012, la sentencia más grande jamás impuesta contra un estado en un tribunal de Nueva York.
Sebastián Maril, director de la consultora Latam Advisors, que ha seguido de cerca las batallas legales de Argentina en el exterior, dijo que el fallo del miércoles era “una prueba de que la estrategia legal de Argentina no está funcionando”.
“Casi siempre hemos perdido estos casos, y si continuamos apelando y retrasando, estamos desperdiciando dinero y provocando que los intereses y los costos legales se disparen”, dijo.
En abril, un tribunal de Nueva York falló contra los demandantes en un caso similar que involucraba valores vinculados al PIB de Argentina denominados en dólares estadounidenses, diciendo que no habían seguido los pasos de presentación establecidos en los contratos de emisión de los bonos. Los demandantes están apelando.
A principios de este año, como condición de su apelación, Argentina depositó 310 millones de euros que se mantendrán en fideicomiso a la espera de la decisión del tribunal de Londres.
Es poco probable que Argentina pueda pagar la totalidad de la sentencia -valorada en 1.330 millones de euros más intereses- en el corto plazo. Sus reservas de divisas (excluidos los pasivos) rondan el cero, incluso después de que el nuevo gobierno ha estado presionando para aumentarlas durante meses.
“El gobierno debería sentarse con todos sus acreedores para negociar un acuerdo macro con ellos”, dijo Maril. “No pagar ahora porque es muy difícil, sino acordar un calendario de pagos en el futuro”.
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