A medida que se acerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina el 22 de octubre, aumenta el alcance de los beneficios fiscales que el ministro de Economía, Sergio Massa -no casualmente el candidato del gobierno peronista a la Casa Rosada- está anunciando a los votantes. En el caso de un país que no tiene suficientes ingresos para cubrir ni siquiera los gastos obligatorios, los paquetes de ayuda sólo pueden explicarse por el miedo del peronismo a una derrota electoral. Es grave que semejante comportamiento repita el modelo basado en un manejo irresponsable de la macroeconomía, en soluciones improvisadas y en la falta de compromiso con los intereses mayores de los argentinos, que a lo largo de cuatro décadas llevaron al país vecino a la quiebra y al descrédito internacional. escalada de la pobreza.

Como la mayoría de sus predecesores en la cartera económica, Massa prefirió la fórmula del desastre de Argentina a una fórmula económica mínimamente responsable, incluso si era inviable en las urnas. Recientemente, cuando el Ministro conoció una tasa de inflación del 124,4% en los 12 meses hasta agosto, anunció la devolución del 21% del IVA recaudado a los pensionistas, microempresarios y trabajadores domésticos. Además, se han ampliado los beneficios de la libreta de racionamiento y la gama de préstamos subsidiados. Ya había reducido el número de personas que pagan impuestos sobre la renta a sólo 90.000, había congelado los precios de las bebidas y los alimentos y había obligado al gobierno nacional, a las provincias y al sector privado a pagar bonificaciones a los trabajadores. Debido a que tales beneficios están respaldados por emisiones de pesos no respaldadas por el banco central, inevitablemente empeoran las expectativas de inflación y aumentan la deuda pública de un país que es uno de los favoritos en incumplimientos.

Las consultoras argentinas esperan que 2023 termine con una tasa de inflación acumulada de más del 170% y una caída del producto interno bruto (PIB) del 3% al 3,5%, además de las reservas internacionales agotadas. El objetivo de déficit presupuestario del 2,5% del PIB acordado por el gobierno peronista con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya no se cumplió gracias a las medidas electorales. El saldo negativo debe superar el 10% del PIB. Si el FMI sorprendió a Argentina liberando más de 7.500 millones de dólares en agosto después de la devaluación de la moneda, otro pago a finales de octubre sería nada menos que un milagro.

El caos económico ya se ha confirmado desde que asumió el nuevo gobierno en diciembre y afectará gravemente al 40% más pobre de la población del país. El aumento en las encuestas de su oponente de extrema derecha Javier Milei, un defensor de la dolarización que ha sido capaz de captar el deseo colectivo de derrocar a la clase dominante desde 1985, no justifica la postura de Massa. Como figura pública y Ministro de Estado, se vería obligado a anteponer el interés de los argentinos a la estabilidad y romper el patrón de irresponsabilidad en la gestión macroeconómica del país. Al abandonar esta misión, el peronista dice mucho del presidente que se propone ser.