RÍO DE JANEIRO, BRASIL – El gobierno de Argentina se abstuvo de votar una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que pide la liberación de candidatos presidenciales y presos políticos, el inicio de reformas electorales y el deterioro de los derechos políticos en Nicaragua.
Carlos Raimundi, Embajador de Argentina ante la OEA, dijo crípticamente: “Hay elecciones que utilizan unas normas que por supuesto son universales, y otras normas que utiliza cada pueblo en función de sus leyes soberanas, tradiciones, raíces, historia y conjuntos culturales”.
La resolución fue adoptada por 26 países. Nicaragua no votó. Otros siete países, incluidos México, Guatemala y Argentina, se abstuvieron.
El texto también expresó “seria preocupación” porque el gobierno de Daniel Ortega “ignoró” los intentos del Consejo Permanente de la OEA de persuadir al gobierno de Nicaragua para que realice “elecciones libres y justas” el 7 de noviembre.
Por su parte, el Representante Permanente de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, destacó la cantidad de países que se han pronunciado en contra de la “dictadura” de Ortega.
El funcionario uruguayo también criticó con vehemencia a los países que -como Argentina- no apoyaron la resolución. “¿Qué evidencia necesitarías para entender? ¿Qué pruebas habría que darles para suscribir la opinión que la gran mayoría de los que creemos en la democracia hacemos para oponernos a este tipo de dictaduras?^
Abdala calificó de “triste” que la decisión de no apoyar la resolución de la OEA se tomara por motivos meramente ideológicos.
Finalmente, advirtió que Ortega se “perpetuará” en el poder, como sucedió en Cuba con el régimen castrista que continúa Díaz Canel, o en Venezuela con Nicolás Maduro.
Estados Unidos y otros países han dicho que las elecciones de noviembre en Nicaragua “perdieron toda credibilidad” ya que los partidos de oposición fueron excluidos del proceso electoral y varios líderes de la oposición que intentaron desafiar al presidente Daniel Ortega en las elecciones fueron encarcelados.
Las elecciones dejan partidos minoritarios y una coalición progubernamental liderada por el gobernante Frente Sandinista, que controla el tribunal electoral y todos los poderes del Estado.
El mes pasado, la Unión Europea impuso sanciones a la Primera Dama y Vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y a otros siete funcionarios acusados de abusos contra los derechos humanos y de socavar la democracia. Estados Unidos también ha impuesto sanciones a funcionarios y asociados de Ortega.
La declaración también señaló el “deterioro de la situación política y de derechos humanos” en el país. También acusa al gobierno de Nicaragua de “socavar el proceso electoral”.
Finalmente, llama a las autoridades a respetar los principios de la Carta Democrática Interamericana y los estándares internacionales para realizar “elecciones libres, justas y transparentes” bajo la supervisión de la OEA.
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