La ministra Rosa Weber discutirá el ADPF 442 en un pleno virtual del 22 al 29 de septiembre

Activistas por la legalización del aborto se manifiestan en la ciudad de Río de Janeiro en 2018. Mujeres brasileñas marchan y piden al Tribunal Supremo Federal votar sobre la legalización del aborto (Foto de Mauro Pimentel/AFP)

La ministra Rosa Weber ha incluido la votación sobre la alegación de incumplimiento de principios fundamentales (ADPF) en el orden del día del proceso virtual del 22 al 29 de septiembre. La demanda, presentada en 2017 por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) con el apoyo técnico de Anis – Instituto de Bioética, exige que los abortos según la voluntad de la persona embarazada hasta la semana 12 de embarazo dejen de ser un delito.

Según los argumentos de la demanda, criminalizar el aborto viola los derechos a la dignidad, la ciudadanía, la no discriminación, la vida, la igualdad, la libertad, el derecho a no sufrir torturas o tratos inhumanos, degradantes o crueles, el derecho a la salud y a la planificación familiar, todo lo dispuesto porque en la constitución.

Según la última Encuesta Nacional sobre el Aborto de 2021, una de cada siete mujeres brasileñas de 40 años ha tenido al menos un aborto en su vida. Las mujeres que abortan en Brasil son mujeres completamente normales: la mayoría son jóvenes, tienen hijos y siguen una de las religiones mayoritarias del país: católica, protestante o espiritista. La criminalización excluye del sistema de salud a niñas, mujeres y personas que pueden dar a luz y las empuja a la inseguridad de esconderse. Por ello, la Organización Mundial de la Salud recomienda la despenalización del aborto como política fundamental de salud pública.

El STF debe decidir si los artículos 124 y 126 del Código Penal, que penalizan el aborto incluso cuando se realiza con consentimiento, son inconstitucionales. De aprobarse la medida, Brasil se sumará a Argentina, Colombia, México, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Australia y muchos otros países donde la interrupción de un embarazo no deseado se puede realizar de forma legal y segura dentro del sistema de salud. Esta aprobación también podría reducir la tasa de mortalidad materna del país, ya que una mujer brasileña muere cada dos días como consecuencia de un aborto inseguro, según el Ministerio de Salud.