El presidente argentino, Alberto Fernández, inició este miércoles (4) el trámite parlamentario de un juicio político contra la Corte Suprema por “mal desempeño de sus funciones” en una nueva etapa de la pugna entre el gobierno y el poder judicial.

Fernández dio el primer paso al entregar el proyecto de juicio político al líder del bloque gobernante de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, y a la presidenta de la Comisión de Acusación, Carolina Gaillard, a quienes pidió apurar, dijo el gobierno.

El gobernante Frente de Todos (centro-izquierda) tiene la mayoría simple necesaria para iniciar la fase de instrucción, pero le faltan las dos terceras partes de los votos necesarios en la Cámara y el Senado para proceder con el juicio político y los cuatro magistrados que serán destituidos por el tribunal supremo. El quinto lugar está vacante.

Sin embargo, para convocar formalmente a la Comisión de Impeachment, es necesario convocar a reuniones extraordinarias previstas para la próxima semana.

La lucha por el poder se intensificó en las últimas semanas luego de que la Corte Suprema falló a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en una disputa con Fernández sobre la distribución de los ingresos fiscales federales.

Once de los 23 gobernadores provinciales del país apoyaron el martes (3) la solicitud de un juicio político.

El jefe de Estado acusó a la Corte Suprema de Justicia de “invadir arbitrariamente las esferas de competencias exclusivas y excluyentes de los demás poderes” del Estado. También lo vio como “una decisión política en año electoral”, en referencia a las elecciones generales de octubre, en las que el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, figura entre los candidatos de la oposición de derecha.

El alcalde de la capital acusó entonces a Fernández de querer “romper el orden constitucional”. “El kirchnerismo quiere revisar las leyes y cambiar de árbitro, que en una república como la nuestra es el Poder Judicial”.

La coalición opositora “Juntos por el Cambio”, que incluye al alcalde, ya ha anunciado su rechazo al proceso de juicio político.

Desde que asumió el cargo en diciembre de 2019, Fernández ha querido reformar el poder judicial, en particular la Corte Suprema de Justicia de la nación argentina.

Según una encuesta de mediados de 2022, más del 78% de los argentinos tiene una opinión “negativa” o “muy negativa” sobre el funcionamiento del Poder Judicial.